Un texto de opinión cuestiona la actuación de autoridades educativas ante casos de acoso, bullying, ingreso de armas y otros conflictos registrados en escuelas del estado.
El escrito también plantea un caso particular en el que, según la denuncia publicada, una docente habría evitado ser notificada judicialmente pese a una denuncia relacionada con un adeudo.
Un texto publicado por PXPress cuestiona el funcionamiento del sistema educativo público en Colima y señala presuntas omisiones de autoridades y directivos ante distintos conflictos registrados en planteles de la entidad.
El escrito, firmado por Fernando Moreno Mayoral, sostiene que los problemas de la educación pública en el estado no se limitan a los resultados académicos, sino que también estarían relacionados con la actuación de las autoridades educativas frente a situaciones de acoso, abuso, bullying y otros hechos ocurridos dentro de las escuelas.
Entre los señalamientos se menciona al secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González, a quien el texto atribuye una postura de minimización ante algunos casos de bullying o ingreso de armas a planteles. El artículo afirma que, ante estos episodios, se ha señalado que el personal educativo cuenta con capacitación para responder a situaciones de crisis.
Sin embargo, el autor sostiene que algunos casos difundidos públicamente no han tenido consecuencias administrativas. Como ejemplo, menciona la escuela José Vasconcelos, donde, según el texto, continúa en funciones el director señalado por haber llamado “niña” a un alumno debido a que tenía el cabello largo.
El artículo también cuestiona lo que describe como una posible red de protección dentro del gremio magisterial. De acuerdo con el escrito, esta situación dificultaría la aplicación de medidas contra docentes señalados por acoso, abuso o por permitir situaciones de hostigamiento entre estudiantes.
Otro de los casos expuestos involucra a una maestra de la secundaria Enrique Corona Morfín. El texto afirma que la docente fue denunciada por un asunto relacionado con pagos acordados con una particular y que, pese a intentos de una autoridad judicial por notificarla en el plantel, no habría sido localizada.
Según la publicación, posteriormente la docente solicitó un cambio y obtuvo una subdirección en una escuela de Tecomán. El artículo sostiene que en ese plantel tampoco se habría facilitado su ubicación para efectos de una notificación judicial.
Estos señalamientos forman parte del contenido de opinión publicado y no se presentan en el texto como resoluciones judiciales ni como hechos acreditados mediante una sentencia. Por ello, las acusaciones contra personas particulares deben considerarse señalamientos sujetos a comprobación por las autoridades correspondientes.
