Una jueza de Distrito condenó a cinco personas por la privación ilegal de la libertad de un conductor de tráiler y dos elementos de seguridad, ocurrida en noviembre de 2023.
Cada una recibió una pena de 60 años de prisión, una multa de 518 mil 700 pesos y la obligación de reparar el daño.
La Fiscalía General de la República informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra cinco personas por el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, ocurrido en Colima durante noviembre de 2023.
De acuerdo con la información de la Fiscalía Federal en Colima, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, el Ministerio Público Federal presentó elementos de prueba suficientes para que una jueza de Distrito, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, emitiera la resolución judicial.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad impuso a cada una de las personas sentenciadas una pena de 60 años de prisión y una multa de 518 mil 700 pesos.
Además, se ordenó la reparación del daño, la suspensión de derechos políticos y civiles, así como la amonestación correspondiente a las personas condenadas.
Según las indagatorias, los hechos comenzaron tras una denuncia recibida por el sistema C5i, en la que se alertó sobre un presunto asalto a un restaurante.
Posteriormente, elementos de la Policía Estatal localizaron a los ahora sentenciados y los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República.
La investigación estableció que las víctimas, un conductor de tráiler y dos elementos de seguridad, habrían sido bajadas de una unidad de carga y retenidas por la fuerza. Después, fueron obligadas a subir a un vehículo particular con dirección al norte de la ciudad.
Las autoridades lograron interceptar a las personas involucradas durante el traslado. En el operativo fueron asegurados un tráiler modelo 2023, un remolque, un contenedor con mercancía y un vehículo compacto modelo 2022.
Los bienes asegurados fueron identificados posteriormente por el representante legal de la empresa afectada, según el reporte de la Fiscalía.
