Familiares de una persona desaparecida señalaron presuntas trabas administrativas durante el proceso de renovación de un pasaporte para una menor de edad, pese a contar con una resolución judicial relacionada con la representación legal del caso.
Una denuncia pública realizada por familiares de una persona desaparecida generó señalamientos hacia personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Colima por presuntas irregularidades durante un trámite de renovación de pasaporte para una menor de edad.
De acuerdo con la denuncia, la madre de la menor acudió a las oficinas correspondientes para realizar el procedimiento, presentando documentación judicial relacionada con la situación legal derivada de la desaparición de su esposo, ocurrida en 2023.
Según lo expuesto públicamente, durante la atención se le habría solicitado documentación adicional para continuar con el trámite, situación que la familia consideró improcedente debido a la existencia de una resolución judicial que reconoce mecanismos de representación legal en casos vinculados con personas desaparecidas.
La denunciante manifestó que la situación representa una posible revictimización para las familias que enfrentan procesos relacionados con desapariciones, al considerar que las exigencias administrativas no tomaron en cuenta el contexto particular del caso.
Diversos colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por la situación y señalaron la importancia de que las instituciones garanticen una atención sensible y con perspectiva de derechos humanos para familiares de víctimas de desaparición.
La familia solicitó que las autoridades revisen el expediente y resuelvan el trámite conforme a la normatividad vigente, además de emitir una respuesta formal en caso de existir algún impedimento legal para la expedición del documento.
Hasta el momento, la delegación correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores no había emitido una postura pública respecto a los señalamientos difundidos por la familia afectada.
El caso ha generado atención entre organizaciones civiles y colectivos de búsqueda, quienes consideran fundamental que las instituciones públicas brinden acompañamiento adecuado y acceso efectivo a los derechos de niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias afectadas por desapariciones.
