La nueva legislación contempla atención comunitaria, equipos especializados, brigadas móviles y protocolos para crisis, suicidio y adicciones.
El dictamen eliminó una propuesta para destinar al menos 3% del presupuesto estatal de salud y condicionó la aplicación de la ley a la suficiencia presupuestaria.
El Congreso del Estado de Colima aprobó la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones, que establece un modelo de atención comunitaria y amplía las obligaciones para las instituciones de salud, escuelas y autoridades. Sin embargo, el dictamen no establece un porcentaje mínimo del presupuesto estatal de salud para garantizar su aplicación.
De acuerdo con el dictamen citado en la información legislativa, durante el proceso de análisis se retiró una propuesta que planteaba destinar al menos 3% del presupuesto asignado al sector salud para implementar la nueva legislación. En su lugar, se estableció que las acciones deberán realizarse de manera progresiva y conforme a la suficiencia presupuestaria disponible.
La nueva ley contempla atención mediante módulos comunitarios, brigadas móviles y servicios de primer nivel. Los módulos deberán ofrecer orientación y atención individual, familiar y grupal, mientras que las brigadas podrán trasladarse a domicilios, escuelas, albergues y comunidades rurales.
También se prevén redes de apoyo entre personas usuarias y espacios temporales para quienes egresen de una hospitalización y no cuenten con apoyo familiar suficiente.
En los hospitales generales, la legislación contempla equipos de salud mental en áreas de urgencias, consulta externa y hospitalización, además de protocolos para atender crisis psicosociales, riesgo suicida y problemas relacionados con el consumo de sustancias. El internamiento queda planteado como una medida excepcional y de corta duración, acompañada de un plan de egreso y seguimiento comunitario.
Para el ámbito educativo, la norma establece acciones de detección temprana y prevención del suicidio, violencia y adicciones, capacitación para personal escolar y rutas de canalización hacia servicios especializados. En casos de crisis fuera de los hospitales, contempla la activación de atención mediante el 911 y el Centro de Psicoorientación Telefónica, así como la movilización de equipos comunitarios.
Estas disposiciones implican necesidades de personal, capacitación, infraestructura, traslados e insumos. El artículo 169 establece que el financiamiento deberá ser progresivo e incluir esos rubros, pero sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Además, el séptimo transitorio señala que las acciones correspondientes a 2026 deberán instrumentarse conforme a la suficiencia presupuestal asignada a la Secretaría de Salud.
El dictamen refiere que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración emitió una opinión favorable de impacto presupuestal mediante el oficio SPFYA/1044/2026, fechado el 3 de septiembre. Sin embargo, el documento no presenta un desglose público del costo específico de los módulos, brigadas, equipos hospitalarios o capacitación escolar.
El Congreso informó oficialmente que la ley fue aprobada por unanimidad y está integrada por siete títulos y 176 artículos. También crea el Sistema Estatal de Salud Mental y Adicciones, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones y un Observatorio en la materia.
La nueva legislación entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
