La venta y concesión de activos estatales durante las últimas décadas mantiene cuestionamientos sobre el destino de los recursos obtenidos.
La desincorporación de bienes públicos realizada en Colima durante las últimas décadas volvió a generar debate luego de que diversos sectores señalaran la falta de información clara sobre el destino de recursos obtenidos mediante ventas, subastas y concesiones de activos estatales.
Entre los casos señalados destacan aeronaves, terrenos e infraestructura que dejaron de pertenecer al patrimonio estatal mediante distintos procesos administrativos aplicados en diferentes periodos gubernamentales.
Uno de los casos más mencionados es la venta de un avión Beechcraft King Air B200 adquirido en 2006 y posteriormente vendido años después bajo el argumento de reducir costos de mantenimiento y operación.
También se mencionó la subasta de un helicóptero Robinson R44 Raven II y la venta de predios como la Ecogranja de Villa de Álvarez, operaciones que continúan generando cuestionamientos relacionados con transparencia y seguimiento de recursos públicos.
A estos casos se suma la concesión de infraestructura carretera estratégica, como tramos de la vía Colima-Manzanillo y la autopista Colima-Armería, entregados para operación privada durante varios años.
Diversos sectores han solicitado mayor claridad sobre los beneficios obtenidos mediante estos procesos y el impacto que tuvieron en proyectos públicos relacionados con infraestructura, salud y desarrollo regional.
Las críticas también señalan que mientras el patrimonio estatal se redujo con el paso de los años, persisten problemáticas relacionadas con seguridad, movilidad y servicios públicos en distintos municipios de la entidad.
Hasta el momento, continúan los señalamientos y solicitudes de rendición de cuentas sobre el manejo de activos públicos y los recursos derivados de dichas operaciones.
