Entre 2022 y mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado inició 18 mil 619 carpetas de investigación por violencia familiar.
De acuerdo con cifras del SESNSP, el promedio se mantiene por encima de 11 denuncias diarias en la entidad.
La violencia familiar en Colima se mantiene en niveles altos pese a que desde 2017 existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en cinco municipios de la entidad: Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Coquimatlán.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2022 y mayo de 2026 la Fiscalía General del Estado inició 18 mil 619 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representa un promedio superior a 11 denuncias diarias.
En 2022 se registraron 4 mil 405 carpetas de investigación, la cifra más alta del periodo analizado. Para 2023 se contabilizaron 4 mil 69; en 2024 la cifra volvió a subir a 4 mil 245, mientras que en 2025 cerró con 4 mil 249 investigaciones. Durante los primeros cinco meses de 2026 se reportaron mil 651 denuncias.
De mantenerse la tendencia observada hasta mayo, Colima podría cerrar nuevamente el año con alrededor de 4 mil investigaciones por este delito.
Desde la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género se han impulsado programas de prevención, campañas de sensibilización, fortalecimiento de refugios, capacitación de servidores públicos y protocolos especializados de atención. Sin embargo, los registros oficiales muestran que la incidencia no ha tenido una reducción sostenida.
La violencia familiar forma parte del apartado de delitos contra la familia en las estadísticas nacionales y representa una de las expresiones más frecuentes de agresión contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Aunque las carpetas de investigación no detallan el perfil de las víctimas ni las circunstancias de cada caso, especialistas han advertido que este tipo de violencia puede anteceder delitos de mayor gravedad, como lesiones, feminicidio u homicidio.
Mientras las autoridades señalan avances en políticas de prevención y atención, las cifras oficiales reflejan que la demanda de intervención del Ministerio Público se ha mantenido prácticamente sin cambios relevantes desde 2022.
